
Esta decisión de frenar la privatización es coherente por tanto con la oferta de diálogo que viene ofreciendo el Ministro de Justicia en las últimas fechas tanto a sindicatos como a partidos políticos para acordar un modelo de Registro Civil.
Esta noticia supone un éxito de las movilizaciones protagonizadas por los trabajadores del Registro Civil a lo largo de los últimos dos años, con el apoyo de organizaciones como CSIF, que desde el primer momento ha estado al lado de los empleados públicos defendiendo su profesionalidad y el carácter público de esta institución.
CSIF defiende
un Registro civil público gestionado por funcionarios de Justicia y, una vez
más, nos remitimos a la propuesta presentada al Ministerio de Justicia y que
concretaremos en un documento más extenso en los próximos días. Para ello
se hace preciso derogar las leyes 20/2011 y 18/2014, aprobadas por los Gobiernos de PSOE y PP, respectivamente, que
abrieron el proceso de desjudicialización del registro sacando a los funcionarios de Justicia del Registro civil y su posterior entrega
al colectivo de registradores.
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