En el BOC del pasado 1 de agosto , en plena canícula y con todo el mundo de vacaciones, se publicó la licitación del concurso para la compra de 76 impresoras de red y 110 ordenadores portátiles para Jueces, Magistrados, Fiscales y Forenses. Para las primeras se establece un presupuesto base de licitación por importe de 77.200 euros iva incluido mientras que para los segundos el importe presupuestado es de 170.000 euros iva incluido. Llama la atención el importe reservado para cada una de las partidas. Una simple división nos permite saber el precio unitario de cada ordenador (1545,45 euros) y de cada impresora de red (1015,78 euros). Luego sólo nos queda acercarnos a cualquier tienda especializada y comprobar que por la mitad de precio se puede conseguir un ordenador portátil más que digno. Luego pensemos que no es lo mismo que cualquiera de nosotros vaya a una gran superficie a comprar un ordenador o una impresora a que sea la administración la que se dirija a un fabricante o proveedor mayorista. El resto lo dejo para que cada uno saque sus conclusiones. No obstante, este anuncio veraniego nos invita a una reflexión más profunda que iremos desgranando en sucesivos capítulos. Por el momento quedémonos con otro dato que nos permite dimensionar el importe del gasto realizado.
Esos 170.000 euros son casi los mismos que los destinados a la exigua acción social 2008 que esperemos sea publicada en el mes de septiembre. A estas cantidades podríamos sumar las presupuestadas en los últimos años para formación de estos colectivos. Es decir, el Gobierno de Cantabria se gasta en funcionarios no traspasados una cantidad aproximadamente igual a la destinada a los funcionarios traspasados en acción social.
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