
Dicho acuerdo, en el que no sólo se habló de pensiones sino que se habló de otras cosas como del reparto de fondos para las políticas activas de empleo, afecta a los funcionarios de Justicia en dos sentidos:
Primero, a los de nuevo ingreso que desde enero de 2011 dejan de estar incluidos en clases pasivas (que es nuestro régimen de jubilación) para pertenecer al Régimen General de la Seguridad Social y, en consecuencia, se ven directamente afectados por los recortes.
Segundo, porque en la parte segunda del acuerdo (pág. 35) CCOO y UGT se comprometen a "dialogar" entre otras cosas el régimen de clases pasivas en una llamada "mesa de diálogo social".
A este respecto CSI-F hace constar que la negociación de la reforma de las clases pasivas debe ser objeto de la Mesa General de la Función Pública donde CSI-F tiene la condición de sindicato más representativo y debe estar presente sin que sea admisible su exclusión de la negociación de esta importantísima manteria.
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Nota de prensa de CSI-F sobre el Acuerdo social y económico
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