- la abolición por la vía de hecho del derecho a la tutela judicial efectiva
- la privatización de la Justicia a costa del bolsillo de todos los ciudadanos.
- el alejamiento de la Justicia de los ciudadanos
Desde el punto de vista profesional:
- la pérdida de miles de puestos de trabajo
- la anulación de los procesos de movilidad voluntaria, acceso a los cuerpos de justicia y promoción interna
- la imposición de reordenaciones de efectivos masivas.
- devaluación del concepto de funcionario público e incluso desaparición de algunos cuerpos de funcionarios de Justicia a los que se vacía de competencias en favor de particulares.
- indirectamente, pérdida de complementos retributivos
Para ello se sigue una estrategia de axifisia de la Administración de Justicia negándole los medios suficientes para luego justificar su privatización como la solución al atasco provocado. A esto se le añade una sutil campaña de desprestigio de nuestro trabajo al que se culpa veladamente de los males de la Justicia.
Contra todo esto y en defensas de una justicia de todos y para todos y del trabajo de los funcionarios de Justicia, CSIF promueve estas movilizaciones que se repetirán en el mes de junio.
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Ver reseña en El diario montañés