"El mayor error lo comete quien no hace nada porque cree que sólo podría hacer un poco". Edmund Burke.

jueves, 30 de mayo de 2013

Mesa Sectorial de Justicia: bolsa de secretarios sustitutos, bases de oposiciones, médicos forenses, INTCF, cuarta categoría y concursos

La mesa sectorial de Justicia tenía como puntos del orden del día, materias relacionadas con el INTCF y el Cuerpo de Secretarios Judiciales

CSIF defiende en la Mesa Sectorial de Justicia una verdadera promoción interna al Cuerpo de Secretarios que garantice el 100% de la plazas destinadas al turno de promoción interna. Asimismo propuso una reforma de los ejercicios de la oposición. Sobre la convocatoria, el Ministerio manifiesta que se producirá tan pronto finalice la negociación de las bases cosa que, probablemente, sucederá a principios de junio.

Por otro lado, CSIF exigió el mantenimiento expreso de la preferencia de los Gestores en el llamamiento de la bolsa. Asimismo, instamos al Ministerio a cambiar las sutituciones de Secretarios Judiciales por gestores que permita un acceso más sencillo y sin necesidad de excedencias. La convocatoria de la bolsa también se producirá tan pronto como termine su negociación a principios de junio. La principal novedad es que tendrá carácter nacional aunque su gestión seguirá siendo provincial. 

Por último, el Director General se comprometió a trasladar al Secretario General la petición de CSIF de revisar las categorías de Secretarios y, sobre todo, la eliminación de la absurda pero muy perjudicial cuarta categoría y también, la posibilidad de realizar concursos a resultas.

Además de los temas de Secretarios se trataron otros temas del resto de cuerpos(generales y especiales)  a requerimiento de CSIF que se pueden consultar en la circular que se adjunta sobre la mesa sectorial 

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CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA QUE PRETENDE IMPONER GALLARDÓN

Estas reformas ponen en peligro 12.000 puestos de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia, amenazando con suprimir cerca del 26% del empleo público en dicha Administración.

Desde hace unos meses el Ministro Gallardón está embarcado en una estrategia que bajo el nombre de reformas esconde el debilitamiento de la Administración de Justicia como servicio público y su posterior privatización por partes en favor de determinados lobbys profesionales y a costa del bolsillo de todos los ciudadanos.

En esta estrategia tiene un papel destacado el desprecio al personal de la Administración de Justicia que somos quienes mantenemos las puertas abiertas de los Juzgados todos los días y quienes vamos a ser directamente afectados por esas “reformas”. El Ministerio de Justicia desoye la voz de los trabajadores y trabajadoras de Justicia a quienes veladamente culpa de la situación de la Administración de Justicia.  

El debilitamiento de la Administración de Justicia se consigue negándole los medios que precisa para realizar su trabajo. Así, denunciamos la ridícula oferta de empleo público de los dos últimos años. Asimismo, denunciamos el caos informático existente con hasta ocho programas de gestión distintos en función de quien tenga la competencia, algunos de ellos claramente obsoletos, incompatibles y que no sirven para nada. De ambas cuestiones es responsable directo el Ministerio de Justicia, así como las CCAA con competencias que lo apoyan.

Lejos de cumplir con su principal función, dotar de medios personales y materiales suficientes a los Juzgados y Tribunales, los responsables del Ministerio de Justicia se han empeñado en aparecer como los “salvadores” de la Administración de Justicia pero a costa del bolsillo y de los derechos de los ciudadanos.

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Calendario acordado en la plataforma sindical

El TC estudiará si fue legal suprimir la paga extra a los funcionarios

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional presentó contra la supresión de la paga extra de los funcionarios acordada por el Gobierno en 2012  y ahora estudiará si cabe o no anular la medida por su carácter retroactivo.

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