Estas reformas ponen en peligro 12.000
puestos de trabajo del personal al servicio de la Administración de
Justicia, amenazando con suprimir cerca del 26% del empleo público en dicha
Administración.
Desde hace unos meses el Ministro Gallardón está embarcado
en una estrategia que bajo el nombre de reformas esconde el debilitamiento de la Administración de
Justicia como servicio público y su posterior privatización por partes en
favor de determinados lobbys profesionales y a costa del bolsillo de todos los
ciudadanos.
En esta estrategia tiene un papel destacado el desprecio al personal de la Administración de
Justicia que somos quienes mantenemos las puertas abiertas de los Juzgados
todos los días y quienes vamos a ser directamente afectados por esas
“reformas”. El Ministerio de Justicia desoye la voz de los trabajadores y
trabajadoras de Justicia a quienes veladamente culpa de la situación de la Administración de
Justicia.
El debilitamiento de la Administración de
Justicia se consigue negándole los
medios que precisa para realizar su trabajo. Así, denunciamos la ridícula
oferta de empleo público de los dos últimos años. Asimismo, denunciamos el caos
informático existente con hasta ocho programas de gestión distintos en función
de quien tenga la competencia, algunos de ellos claramente obsoletos,
incompatibles y que no sirven para nada. De ambas cuestiones es responsable
directo el Ministerio de Justicia, así como las CCAA con competencias que lo
apoyan.
Enlace relacionado:
Calendario acordado en la plataforma sindical
No hay comentarios:
Publicar un comentario