"El mayor error lo comete quien no hace nada porque cree que sólo podría hacer un poco". Edmund Burke.

miércoles, 2 de septiembre de 2015

La ejecutiva del PP reconoce a CSIF la necesidad de devolver las condiciones laborales de los empleados públicos previas a los recortes

Javier Maroto, vicesecretario sectorial del PP, acude a la sede del sindicato para escuchar nuestras propuestas
 

CSIF reclama un compromiso político para garantizar los servicios públicos y la recuperación de las condiciones Laborales 

El responsable del PP ha realizado un reconocimiento expreso a los sacrificios realizados por los empleados públicos durante la crisis económica y ha señalado la necesidad de devolver a este colectivo a la situación previa a los recortes aplicados por el Gobierno en esta legislatura. Maroto ha recogido el guante de CSIF y se ha comprometido a establecer grupos de trabajo en diferentes ámbitos para analizar la situación de los empleados públicos y establecer una agenda para devolver los recortes. Algunos de estas cuestiones podrían incluirse, vía enmiendas, a través del trámite pendiente de los Presupuestos Generales.
CSIF espera que estas medidas tengan continuidad y se recupere la estructura salarial previa a 2010, cuando se produjo la primera rebaja de retribuciones con el Ejecutivo socialista. Desde entonces, se ha producido una pérdida del poder adquisitivo en torno al 25 por ciento.




CSIF exige la modificación de la regulación de promoción interna en la LOPJ

CSIF considera inadmisible la modificación ilegal de la LOPJ en esta cuestión despreciando el derecho de negociación colectiva representado en la mesa de la Administración de Justicia.

CSIF volverá a exigir que se corrija este atentado al derecho a la promoción profesional de los funcionarios de Justicia que, además, supone el incumplimiento del preacuerdo de 2014 de forma unilateral por parte del Ministerio y, en particular, de su Secretario General. CSIF está estudiando ejercitar acciones legales contra lo que creemos es una conducta antisindical y contraria al derecho de negociación colectiva. Un hecho muy grave que, en circunstancias normales, se saldaría con su cese. 
Para CSIF, hay margen para reconducir la situación pero ya antes del verano anunciamos un otoño caliente y esta es una de las líneas rojas que nos legitiman para convocar movilizaciones si no se recupera el sentido común por parte de los responsables ministeriales.

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¿Y que pasa con la oferta de plazas a oposición para el 2016?

La OPE de Justicia se encuentra muy matizada en la ley de presupuestos y para CSIF no se puede aguantar ni un año más con medias tintas en materia de medios personales en la Administración de Justicia.

Para CSIF, esta redacción no es admisible para el año 2016 por cuanto: 
  • Deja fuera de la OPE a varios cuerpos que no llegan al límite del 15%.
  • Deja fuera la posibilidad de convocar OPE en varios ámbitos territoriales sobre todo los más pequeños.
  • Para 2016 nos encontramos en que, es muy probable que varios territorios más y que algún cuerpo más se quede fuera de la OPE por cuanto ya estaban en el límite para la OPE de 2015 y al no haberse creado más plazas es lógico pensar que, el año próximo, quedarán fuera.
  • Este sistema incentiva que las CCAA no doten plazas (como por ejemplo la Comunidad de Madrid que decide “ahorrarse” más de 700 plazas dejándolas sin dotar mientras tira a la basura 105 millones de euros en la ciudad de la Justicia fantasma). 
Para CSIF está claro que el elevadísimo número de vacantes impide ofertarlas todas el mismo año y de ahí nuestra propuesta de elaborar un plan de reducción de temporalidad a cuatro años. No obstante, ese plan debería contar con ofertas de empleo público mucho más generosas en número que esas 2.000 previstas para este año. La propuesta de CSIF que hemos trasladado a los grupos parlamentarios sería:

“En la Administración de Justicia, atendiendo a las especiales circunstancias que concurren en la situación de cobertura de plazas, se computará el número máximo de plazas a autorizar en función del número total de plazas de la plantilla aprobadas dotadas presupuestariamente, autorizándose Oferta de Empleo Público en aquéllos Cuerpos en los que el porcentaje de las plazas con este tipo de ocupación supere el 5 por ciento del total y en un número máximo que, acumulado para todos los Cuerpos, no podrá superar el 40 por ciento de las vacantes.”