El objetivo de esta iniciativa es
evitar la litigiosidad artificiosa que satura actualmente los juzgados. Las
tasas abonadas por los ciudadanos que sí tienen recursos económicos no irán a
parar a las arcas del Estado, sino que, tal y como ya avanzó el ministro de
Justicia, estarán destinadas a sufragar la justicia gratuita. Según una
estimación realizada a partir de los últimos datos registrados, 172 millones de
euros recaudados en 2010, con el nuevo sistema la cuantía ascendería a cerca de
300 millones.
Las tasas ya existentes desde primera
instancia en el Orden Civil y en el Contencioso-Administrativo se aplicarán
también en lo Social, pero sólo en segunda instancia. En ningún caso
constituirán una traba al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva
para ningún ciudadano, puesto que quedarán exentos de pago aquellos a los que
se les reconozca la asistencia gratuita. En cambio, junto a las personas
jurídicas, sí se incluirá a las personas físicas con recursos económicos como
sujetos pasivos de estas tasas.Por último, se introduce una nueva tasa por
el alta y la modificación de fichas toxicológicas en el registro de productos
químicos comercializados.
Ver propuesta del Gobierno sobre tasas judiciales
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