REVISIÓN DEL SISTEMA DE TASAS JUDICIALES EN SEGUNDA INSTANCIA

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del Ministro de Justicia sobre un Anteproyecto de Ley por el que se revisan las tasas judiciales vigentes desde 2002 y reguladas por la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. En este Anteproyecto de Ley de reforma de determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto nacional de toxicología y Ciencias Forenses también se introducen dos mejoras en la gestión: procuradores y abogados podrán facilitar el pago, y se establecerá la posibilidad de revisar la liquidación de la tasa durante la tramitación del procedimiento judicial.

El objetivo de esta iniciativa es evitar la litigiosidad artificiosa que satura actualmente los juzgados. Las tasas abonadas por los ciudadanos que sí tienen recursos económicos no irán a parar a las arcas del Estado, sino que, tal y como ya avanzó el ministro de Justicia, estarán destinadas a sufragar la justicia gratuita. Según una estimación realizada a partir de los últimos datos registrados, 172 millones de euros recaudados en 2010, con el nuevo sistema la cuantía ascendería a cerca de 300 millones.

Las tasas ya existentes desde primera instancia en el Orden Civil y en el Contencioso-Administrativo se aplicarán también en lo Social, pero sólo en segunda instancia. En ningún caso constituirán una traba al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva para ningún ciudadano, puesto que quedarán exentos de pago aquellos a los que se les reconozca la asistencia gratuita. En cambio, junto a las personas jurídicas, sí se incluirá a las personas físicas con recursos económicos como sujetos pasivos de estas tasas.Por último, se introduce una nueva tasa por el alta y la modificación de fichas toxicológicas en el registro de productos químicos comercializados.


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COMENTARIO: 

Primero fue la aplicación a la jurisdicción contenciosa del principio de vencimiento en vez del vigente principio de temeridad. Luego ese anuncio de que los funcionarios somos unos "privilegiados" porque podemos comparecer sin necesidad de Abogado ni Procurador para defendernos en cuestiones de personal que anunció Gallardón en una comparecencia en el Senado a principios de marzo y que CSI-F contestó. Ahora toca subir las tasas con la excusa de la financiación de la Justicia o de parte de ella. 

Eso sí, que la Administración responda en plazo y no obligue al ciudadano a recurrir sus resoluciones en silencio administrativo, eso ni tocarlo. Y es que la subida de las tasas (del 100% en algunos casos) podría tener su justificación en el ámbito privado del derecho civil pero cuando se trata de la jurisdicción contenciosa el asunto cobra tintes de abuso descarado. 

El problema no es que se introduzca o no el copago en la Justicia, que también. Eso de que la Justicia es gratuita es un bulo. Acceder a la Justicia cuesta dinero desde el momento en que para comparecer ante un Tribunal hay que contratar un Abogado y un Procurador (salvo en los casos cubiertos por el derecho de justicia gratuita). El problema es la vulneración de derechos básicos como el de la tutela judicial efectiva y se obstaculice el derecho al recurso sobre todo cuando la otra parte es una Administración Pública. 

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