Esta es la pregunta que insistentemente nos hacemos todos los funcionarios y que recurrentemente CSI-CSIF plantea a la Administración todos los días de la semana. Desde que la Administración cerró la negociación de la acción social en mesa sectorial a mediados del mes de junio tan sólo hemos escuchado una respuesta: "el texto se envió a los servicios jurídicos y estamos a la espera de que emitan su informe". Algo parecido pasa con la misteriosa remisión de la orden de vacaciones, licencias y permisos que mora en algún cajón del CGPJ a la espera de que sea informado favorablemente por el pleno. No obstante, siendo importantes estas cuestiones, es la acción social la que más preocupa a los funcionarios puesto que si se termina el año sin reconocerse su pago podría verse comprometido y, como se suele decir, no está el horno como para perder unos cuantos euros.
Desde CSI-CSIF venimos advirtiendo a la administración de la importancia de la acción social para los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia en Cantabria y, por esa razón, la incluímos dentro de las materias de negociación prioritaria. La Administración ajena a estas advertencias prefirió posponer estos asuntos hasta bien entrado el mes de mayo. Es decir, la acción social de este año sufría un retraso de origen que ha venido lastrando todo el proceso hasta ahora. Al finalizar la mesa sectorial que cerró la negociación sin acuerdo, la Administración comunicó su esperanza de que los trámites administrativos (informes y etc...) no dilatarían mucho la entrada en vigor de la orden. Más tarde se anunció que durante el mes de julio se podría publicar el texto definitivo. En ese momento, CSI-CSIF y el resto de las centrales sindicales lamentamos que el retraso en la negociación, achacable a la administración en exclusiva, condujera a la publicación extemporanea de una orden tan importante como la de acción social durante un mes tradicionalmente vacacional. Esta situación complicaba o hacía imposible que funcionarios pudieran pedir la acción social en plazo. Por esa razón se solicitó que, una vez obtenido el placet de los servicios jurídicos, se retrasara la publicación al mes de septiembre y el pago al mes de noviembre. No obstante, el hecho cierto (el único a este respecto) es que el informe de marras aún no se ha emitido desconociéndose la fecha siquiera probable de emisión por lo que la Dirección General de Justicia del Gobierno de Cantabria desconoce cuándo será posible solicitar las ayudas. Y estamos a finales de septiembre.
A este respecto CSI-CSIF ha hecho llegar en repetidas ocasiones su malestar y preocupación por esta falta de previsión, organización y desconocimiento de la administración de justicia en Cantabria y le ha exigido una mayor atención y celeridad para resolver este problema y evitar males mayores. CSI-CSIF no estuvo de acuerdo con el texto final que contemplaba una exigua, en lo económico, acción social y sigue en desacuerdo con los inaceptables retrasos que está sufriendo un texto de apenas 9 folios.
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