El recorte, que se pretende colar en la Ley de presupuestos a través de una Disposición adicional, afectaría a todos aquéllos funcionarios que resultan jubilados anticipadamente por declaración de incapacidad que hubieran prestado servicios menos de 20 años. El recorte se cuantifica entre un 25% y un 40% dependiendo de los años trabajados. CSI-CSIF considera un atropello inaceptable la pretensión del Gobierno de mermar uniltaralmente los derechos de unos funcionarios que bastante tienen con sufrir una enfermedad grave que determina su jubilación anticipada. Ver la circular.
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