Decisiones como esta avalan la urgente necesidad de despolitización del Alto Tribunal
El Tribunal Constitucional considera que el recorte salarial decretado en mayo de 2010 por el Gobierno para los empleados públicos no vulneró derechos fundamentales como el de la negociación colectiva rechazando admitir a trámite la primera cuestión de inconstitucionalidad que planteó la Audiencia Nacional, por considerar éste derecho no impide que un convenio sea modificado por una Ley.
Sigue-->
En un primer análisis la resolución del Tribunal es, cuando menos sorprendente, ya que si uno se lee la Constitución Española (artículos 86.1 y 37.1) parece deducirse justamente lo contrario. Más aún cuando no es una simple Ley la que modificó lo acordado en un Convenio colectivo sino un Decreto Ley que la propia Constitución prevé como medida excepcional para una serie de casos tasados y teniendo como límite la regulación que afecte a Derechos Fundamentales.
Por este motivo, llama poderosamente la atención que el Tribunal Constitucional utilice la via de no admisión a trámite para fijar los límites del ejercicio del derecho fundamental a la libertad sindical, cambiando con ello el sentido de la jurisprudencia del propio Tribunal respecto del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva. Es decir, que despachen con un Auto una decisión sobre los límites del ejercicio de Derechos Fundamentales ante la acción del poder político utilizando un instrumento excepcional de producción legislativa. Más bien parece que los Magistrados tenían prisa y querían quitarse "el marrón" como fuera y cuanto antes.
La inaudita resolución se dicta en el ámbito del personal laboral respecto del recortazo en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. En este caso la Audiencia Nacional había expresado serias dudas sobre su constitucionalidad y elevó consulta al TC el pasado mes de octubre. De todos modos, aún cuando se refiera al ámbito del personal laboral, el problema es que este criterio puede afectar al resto de cuestiones de inconstitucionalidad que se han interpuesto respecto del recorte salarial de los funcionarios.
No obstante, y sin perjuicio de un examen más detallado del Auto, CSI-F manifiesta su intención de proseguir hasta el final con la justa reclamación de millones de funcionarios y llevar el procedimiento contra el recortazo a instancias internacionales si fuera el caso.
Por último hacemos la siguiente reflexión. Esta inaudita decisión complacerá y mucho a un Gobierno que no dudó en responsabilizar a los funcionarios de la crisis haciéndoles pagar parte de su factura mientras el despilfarro, los gastos supérfluos y la corrupción campan a sus anchas en todo el territorio nacional y que necesitaba una decisión favorable que avalara la medida de recorte salarial. Es más, la credibilidad, entre otros, del TC no pasa por su mejor momento y decisiones como ésta, sobre todo por la forma en la que se ha producido, no hacen sino demostrar la necesidad de despolitizar el Tribunal Constitucional de manera urgente llegando incluso a considerar su desaparición. No está la economía para determinados lujos y gastos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario