"El mayor error lo comete quien no hace nada porque cree que sólo podría hacer un poco". Edmund Burke.

miércoles, 20 de julio de 2011

El patinazo de Rosell

Hace unos días el Presidente de la CEOE, Juan Rosell calificó a los funcionarios de "prepotentes e incumplidores" abogando por la evaluación de su trabajo y, su penalización. El Sr. Rosell continuó diciendo que había que hacerles saber a los funcionarios que están a "nuestro servicio" (el de los ciudadanos se entiende), hacerles ver que no son dueños de su puesto de trabajo y que habría que sancionarlos.

No recuerdo a ningún empresario y menos al Sr. Rosell que, en la época de bonanza, cuando muchos empresarios ganaban mucho dinero se quejara de los funcionarios. Y eso que el Sr. Rosell era Presidente de una asociación empresarial catalana muy importante.

Pues bien, desde CSI-F ya se ha exigido al Sr. Rosell que rectifique sus declaraciones y no sólo por excesivas sino porque, en mi opinión, encierran  medias verdades.

Veamos cuales:

1º Parece que el Sr. Rosell "descubre américa" con la propuesta de evaluar el trabajo de los funcionarios pero no es así. La evaluación del desempeño está prevista en el Estatuto Básico del Empleado Público que se aprobó hace cuatro años y con la que todas las organizaciones sindicales con CSI-F a la cabeza mostraron su acuerdo. El problema es que la Administración, estatal y autonómica, ha sido incapaz o no ha sabido o no ha querido desarrollar ese Estatuto mediante la aprobación de sendas leyes de función pública a pesar de que las organizaciones sindicales y, muy especialmente CSI-F, así lo han solicitado. En este sentido, hay que decir que los funcionarios estamos deseando que se nos evalúe y que parte de nuestras retribuciones provengan de los resultados de esa evaluación y que se implante de una vez una verdadera carrera profesional para quien se la trabaje. Quizá el problema esté en que en el momento en que se nos evalúe a algunos, como al Sr. Rosell, se le acaba el discurso, se acaban los chistes, resulta que los funcionarios no son tan vagos y, en consecuencia, hay que reconocerles de verdad ese trabajo.

2º Los funcionarios públicos, en general, tienen una alta consideración de su función y saben perfectamente que son servidores públicos al servicio del interés general y de los ciudadanos. No hace falta que nadie nos lo recuerde. Eso nada tiene que ver con la propiedad del puesto de trabajo o sí que la tiene pero no en el sentido que le quiere dar el Sr. Rosell.  La propiedad del puesto de trabajo es consecuencia directa del principio de objetividad en la actuación de los poderes públicos y tiene que ver con la independencia del poder político de turno y sus presiones. Así, los funcionarios (los de verdad), los que debemos el puesto de trabajo a nuestro esfuerzo y no a otro tipo de méritos, gozamos de estabilidad laboral. Una estabilidad laboral que no es gratis sino a cambio de otras cosas. Por ejemplo, en el ámbito sancionatorio existen delitos y faltas que sólo se pueden imputar a funcionarios públicos y cuya sanción está agravada precisamente por ser funcionarios públicos.

Por cierto, que si ser funcionario es siempre un chollo hay que recordar a los interesados que acceder a una oposición es libre. Sólo falta pagar las tasas, rellenar la instancia y luego.... a estudiaaaar que diría el desaparecido Joaquín Prat.

3º Otra de las desventajas es que nuestras retribuciones se fijan en la ley de presupuestos y frente a lo que algunos difunden por ahí, los funcionarios públicos hemos sufrido pérdidas contínuas de poder adquisitivo ajenos a las cláusulas de revisión salarial vigentes en otros ámbitos puesto que, con independencia de que se nos ha congelado las retribuciones en varias ocasiones y que el año pasado se nos han recortado las mismas cuestiones ambas no poco importantes, el resto de años se nos imponían subidas máximas del 2% sin revalorización ni revisión alguna. Es decir, nuestros salarios crecían por debajo del IPC produjéramos o no.  Es más en los últimos acuerdos firmados con el Gobierno y como medida de moderación ante la crisis económica los incrementos salariales pactados no llegaban al 1% aunque como bien es sabido al final esos acuerdos fueron dinamitados por el mismo Gobierno que los firmó.

En este sentido, cuando se dice que en 2010 apenas bajó el gasto corriente en la Administración a pesar de los recortes como incitando a que se repitan, se olvida que en ese monto se incluye también la jubilación de muchos empleados públicos de clases pasivas cuya jubilación (a la que también tienen derecho aunque a algunos les parezca que no debieran cobrarla) se fija para un importante número de funcionarios (del Estado, educación, justicia y militares entre otros) en la ley de presupuestos lo que de paso supone que nuestra jubilación, lo que cobramos a final de mes, más allá de los 65 o 70 años en función de los Cuerpos sea netamente inferior a la de cualquier ciudadano del régimen general, entre otras cosas porque en el cálculo de la pensión de clases pasivas cuenta toda la vida laboral.

Y ahí vamos a otro elemento importante y es el envejecimiento de la función pública y la necesidad de su renovación descongelando las ofertas de empleo público, las oposiciones me refiero, las que la gente debe ganar con su esfuerzo. Porque sí, en estos momentos están bajo cero aunque algunos empresarios y no empresarios no se lo crean. Lo que sigue en auge es el compadreo, la colocación digital y los favores.

4º En lo que se refiere al incremento de funcionarios públicos, que también ha sido motivo de crítica por el Sr. Piqué en uno de esos foros empresariales celebrados en el día de hoy, sería conveniente que se aplicara un poco de rigor a las cifras y que se distinguiera muy bien entre los funcionarios o empleados públicos que ganan su puesto tras superar unas pruebas con su propio esfuerzo; de quienes también se llaman empleados públicos y han surgido como setas al calor del cacique (político de turno) autonómico y/o local y que tiene su máxima expresión en el Decretazo de Andalucía por el que 30000 contratados a dedo han sido convertidos por arte del boletín en funcionarios. Y volviendo a la objetividad de la actuación administrativa se puede imaginar el Sr. Rosell o el Sr. Piqué que esa inclinación a colocar al familiar, pariente o conmilitón tiene que ver en que es previsible que sea más bizcochable, aunque sólo sea por agradecimiento, que el funcionario de carrera.

5º Y siguiendo con la muletilla de que hay muchos funcionarios. ¿Porqué no nos preguntamos si son necesarias tantas televisiones públicas o si es necesario el entramado empresarial público plagado de sociedades, organismos, entes, institutos y otros que escapan del control administrativo duplicando innecesariamente los servicios, vaciando de contenido a los órganos de la Administración sustrayéndoles competencias o cómo es posible que se blinden contratos en el sector público por millones de euros?. Eso sí que es un privilegio y no lo de ser funcionario. Si empezáramos por ahí quizá ya no seríamos tantos los funcionarios y, de paso, le meteríamos mano a la corrupción.

6º No obstante, como se dice en uno de los sloganes de CSI-F los funcionarios somos necesarios pues existen una serie de servicios que sin funcionarios no se prestarían o no se prestarían en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos que es un deber del Estado. Nadie se imagina una sociedad sin personal de justicia, ni de sanidad, ni de educación, ni de servicios sociales ...

En este sentido los funcionarios públicos somos parte de la sociedad no estamos enfrentados a ella ni somos parásitos. Nuestro trabajo ha contribuido en buena medida junto con el de otros al avance que ha experimentado este país en los últimos años y es una irresponsabilidad descalificar su existencia de forma tan dura e injusta plagada de lugares comunes y generalizaciones. Luego habrá buenos y malos funcionarios como lo ocurre en todas las profesiones incluida la de los empresarios y todos conocemos a determinados empresarios que no son un ejemplo precisamente a seguir.

Aunque de todas las acusaciones la que más duele quizá sea la de insolidaridad de los funcionarios ante la crisis. No es cierto, primero porque como ya he dicho somos parte de la sociedad. Quien más quien menos tiene un familiar o amigo en paro pues lamentablemente existen 5 millones de parados, es decir, 1 español de cada 8 está en paro. Segundo, porque los recortes sociales y salariales son una evidencia en el sector público incontestable. Tercero, porque es claramente injusta además de irresponsable.

7º y último. Hubiera sido muy sencillo contestar al Sr. Rosell de la misma manera agresiva que él utilizó pero ese no es el objetivo. Hubiera sido sencillo recordar algunos casos de empresarios poco solidarios o de quienes están implicados directamente en la corrupción del poder... Hubiera sido sencillo recordar los tiempos de vino y rosas cuando el dinero corría y corría y de los funcionarios nadie se acordaba, ¿o es que los empresarios siempre fueron prudentes?. Hubiera sido más sencillo aún recordar las prejubilaciones a cuenta del dinero de todos ( a los 52 años). Hubiera sido sencillo pero hubiera cometido la misma imprudencia irresponsable del Sr. Rosell .

En cambio, he preferido reflexionar sobre lo que el Sr. Rosell dice y buscar el equilibrio prudente que permita ver puntos en común como el de la evaluación del desempeño por poner un ejemplo donde hay mucho que trabajar y desarrollar y para lo que CSI-F se muestra muy partidario.

De la crisis se sale sumando y reformando pero no destruyendo por que sí. Reflexionando pero también, al mismo tiempo, poniendo algunas cosas en su sitio y exigiendo al Sr. Rosell que rectifique.

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