En la mañana de hoy, en la sede de la Dirección General de Justicia, se ha celebrado una reunión en la que han estado presentes, además del Director General de Justicia, Angel Santiago Ruiz, el Subdirector General Joaquín de la Serna, la Jefe de Servicio, Maria Souto que pronto abandonará el puesto al haber sido nombrada Subdirectora General, representantes de CSI-F y del resto de organizaciones sindicales.
Según rezaba la convocatoria se trataba de una primera toma de contacto a modo de presentación después de que, hace una semana, el Director General de Justicia tomara posesión de su cargo.
Desde CSI-F hemos planteado de forma genérica (pues ese y no otro era el objeto de esta primera reunión) aquéllos aspectos que deben cambiar en la Dirección General de Justicia y que , a nuestro juicio, no pueden demorarse más y que son las siguientes:
1º Incremento de la plantilla del personal de la Dirección General imprescindible para el buen funcionamiento de ésta bajo la premisa de que si se gestiona bien desde este departamento todos nos evitamos muchos problemas.
2º Transparencia y fluidez en las relaciones de la Administración con los representantes de los funcionarios. Desde este punto de vista, CSI-F ha exigido conocer la situación real en la que nos encontramos como condición indispensable para poder trabajar y colaborar en la mejora del servicio público de la Administración de Justicia. No estamos dispuestos a que se continúe con la opacidad y el engaño que han caracterizado la gestión anterior.
3º Planificación frente a la improvisación actual. No se puede estar con una Dirección General de Justicia errática que trabaja a impulsos según las necesidades, apagando fuegos como labor principal sin que su labor diaria responda a una planificación. Asimismo, desde CSI-F consideramos prioritario que se abandone la práctica del trabajo aislado donde unos nos saben lo que hacen otros y que se implante el trabajo en equipo y la comunicación en la labor diaria de la Dirección General de Justicia.
4º Renegociación de la normativa vigente y de competencia autonómica dado que dicha normativa se ha mostrado más que problemática siendo fuente de conflicto contínuo.
Asimismo, CSI-F le ha recordado los compromisos acordados hace tres años y que quedan por cumplir debido a la suspensión unilateral de los acuerdos del 2008 que venimos sufriendo desde el año 2010.
El Director General de Justicia se ha mostrado abierto al diálogo y ha abogado claramente por la transparencia tanto dentro de la Dirección General de Justicia como en las relaciones con los sindicatos. Ha comunicado su intención de solicitar el incremento la plantilla del departamento además de cubrir las bajas y algunas vacantes (Jefe de servicio de personal y el de obras, esta última jefatura que lleva más de un año sin cubrirse). Asimismo, se ha mostrado de acuerdo en la necesidad de cambiar la forma de trabajar dentro de la Dirección General de Justicia. Por otro lado, ha mostrado su preocupación por la precaria situación económica del departamento y alto número de facturas sin pagar que se han encontrado y su alto importe. En concreto y a modo de ejemplo se nos informó sobre los 70.000 euros que se deben en concepto de servicio de taxi o más de un millón de euros que se deben a Telefónica.
En este contexto ha anunciado que han recibido la orden de realizar un boceto de presupuestos para el año que viene con un recorte del 12% respecto del de este año que, en buena parte, se va a absorber por la paralización de todas las obras previstas en los presupuestos de este año y que no se van a realizar. Un recorte presupuestario al que hay que añadir la carga que supone la deuda contraída y no pagada por lo que, según dijo, el margen para hacer cosas es más bien escaso.
En cuanto a la contratación de suministros y servicios la Administración de Justicia en Cantabria va a quedar incluida en la central de compras que el nuevo gobierno pretende implantar, lo que, a juicio del Director General va a suponer, en principio, un recorte en el gasto. En este sentido hemos recordado al Director General el coste que ha supuesto la rocambolesca rescisión del contrato de la empresa CLECE que se dedicaba al mantenimiento general de los edificios y la ineficacia del nuevo modelo de contratación "ad hoc" de estos trabajos a diferentes empresas.
Por otro lado, TRACASA se ha despedido dejando un retén para el mantenimiento y desarrollo del programa VEREDA, por lo que, la cantidad asignada a esta empresa, también se verá reducida sensiblemente una vez que se ha pagado la última certificación de la implantación del programa por valor de 300.000 euros.
Desde CSI-F hemos solicitado información sobre la situación del departamento de informática ya que, al parecer, va a verse afectado en el recorte extraordinario de 25.000.000 de euros anunciado por la Consejera de Economía para los presupuestos de este año y que ha sido publicado en la prensa regional el día de hoy. A este respecto el Director General ha manifestado que está pendiente una reunión para tratar esta cuestión por lo que, de momento, no podía hacer comentario alguno al respecto.
Por último, a lo largo de la reunión se han suscitado varias cuestiones concretas que han sido objeto de comentario, que no de valoración, por el Director General demorando su tratamiento en profundidad a las próximas mesas de negociación. En especial, hemos reparado en el sentido que han de tener los recortes. Así, desde CSI-F le hemos planteado que muchas veces el problema no es tanto el importe de las cosas sino como se han gestionado. Así, hemos tratado cuestiones referidas a la formación, a la acción social, al nombramiento de interinos, a la informática y, en especial, el programa Vereda y sus problemas que el Director General de Justicia ha ponderado destacando ventajas para el trabajo de Jueces y fiscales pero reconociendo los problemas que suponen para los funcionarios y que, según manifestó, el también ha sufrido.Como valoración cabe destacar la buena predisposición a cambiar las cosas en especial el hincapié que ha hecho en materia de comunicación fluida y directa y, sobre todo, de transparencia lo que para CSI-F, de confirmarse, supone un cambio interesante y positivo respecto de la situación anterior. Mientras tanto la experiencia, la prudencia y la cortesía exigen un margen de tiempo para valorar lo que da de sí la nueva gestión de la Administración de Justicia en Cantabria.
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