El artículo en cuestión es un ejemplo de cómo, en pocas palabras, se pueden describir todos los problemas que aquejan a la Administración de Justicia en toda España.
La Secretaria Judicial, dice la noticia, se queja en una diligencia de constancia fechada el día 21 de diciembre sobre los siguientes extremos: (pulsa en "más información" para leer el resto del texto)
1.- Carencia de soporte informático de la causa. (hay que recordar que la AN vive sumida en el caos puesto que, desde hace unas semanas, sólo trabaja en documentos electrónicos y no hay manera de encontrar nada).
2.- Ausencia de migración de datos al sistema Minerva (el TSJM utiliza la aplicación informática propia de la Comunidad de Madrid como ocurre en Andalucía, en Cataluña, en el País Vasco, en Canarias o en Cantabria. Hasta siete programas distintos para hacer una misma tarea. Si esto no es despilfarro...).
3.- Ausencia de acceso al servidor de notificación y volcado de resoluciones y documentos. (No pueden acceder al servidor donde están todos los documentos y datos. Es decir, no sólo no se migran los datos, como se decía en el punto anterior, sino que esa interoperabilidad de plataformas informáticas de las diferentes Comunidades con traspasos para hacerlas compatibles que prometían los sucesivos Ministros y que ha sido objeto de varios actos de firma de convenios, en realidad no existe, y el test de compatibilidad del CGPJ no parece muy útil).
4.- Ausencia de disposición del disco duro soporte de los documentos escaneados y de los registros efectuados. (Sin comentarios).
5.- Ausencia de disposición para la transmisión de conocimiento, apoyo y formación del personal componente del equipo especial de tramitación de la causa en el TSJM. (al parecer se nombraron cinco interinos en el TSJM para que llevaran la tramitación de este procedimiento y, ahora, al pertenecer a otra bolsa de trabajo, no pueden siquiera apoyar a los funcionarios de la AN que se van a hacer cargo del procedimiento).
En este sentido la Secretaria lamenta que se pierda el conocimiento que del procedimiento tienen estos cinco funcionarios encargados de su tramitación. (Ahora parece que es útil para una mejor tramitación del expediente que un funcionario conozca el estado de todo un procedimiento. Para que luego vengan con la NOJ, compartimentando la tramitación de los procedimientos, alejándola del Juez o Tribunal, difuminando la intervención de los funcionarios a través de ese infumable Servicio Común de Ordenación del Procedimiento y sus relaciones con las UPADS).
6.- Graves dificultades en orden a realizar una tramitación ordinaria del procedimiento ante la carencia de los medios materiales y personales suficientes. (La queja se explica por sí sola. Para que luego vengan con OEP raquíticas y creando Juzgados con plantillas mínimas).
¿A que a todos nos suenan estos problemas?. ¿Algún funcionario de Justicia se ha sorprendido?. Y es que como hemos sostenido y seguimos defendiendo en CSI-F:1.- Las reformas no se pueden hacer desde los despachos, de la mano de consultoras (algunas extranjeras) que nada saben de lo que es tramitar un expediente los funcionarios de Justicia tenemos derecho a TENER VOZ Y VOTO EN LAS REFORMAS JUDICIALES. Porque los funcionarios de Justicia somos CUERPOS ESPECIALIZADOS y conocemos el día a día del funcionamiento de los Juzgados y Tribunales. De ahí, la importancia del principio de RESERVA DE FUNCIÓN.
Así, la NOJ está siendo un fracaso porque se trata de una reforma impuesta, realizada desde el desconocimiento y, lamentablemente, implementada en algunos sitios en forma de experimento cuando de todos es bien sabido que los experimentos hay que hacerlos con gaseosa y en casa. De ahí, que CSI-F se negara a firmar ningún acuerdo que supusiera dar carta blanca al Ministerio para implantar la NOJ. Y lo hizo en solitario, a pesar de las presiones de nuestros colegas que firmaron con el Ministerio de Justicia dos acuerdos que dieron el pistoletazo de salida a las experiencias piloto. Como en solitario afrontamos la campaña para reclamar VOZ Y VOTO EN LA REFORMA JUDICIAL. Ahora que todo el mundo parece reclamar la paralización de la oficina desde CSI-F les damos la bienvenida al club.
Así, la implantación de las nuevas tecnologías está siendo otro fracaso porque se hace desde despachos, lejos de la realidad de los Juzgados y Tribunales y el resultado es que los nuevos programas no se adaptan a las necesidades del trabajo diario de los miles de funcionarios de Justicia. Porque no se cuenta con quienes tramitamos todos los días procedimientos judiciales y, sobre todo, con quienes vamos a tener que utilizarlas.
2.- La distinción entre Administración de Justicia y administración de la Administración de Justicia es un mero artificio acuñado con fines muy distintos a los de mejorar la gestión de los medios personales y materiales de la Administración de Justicia. No se puede separar un Poder del Estado como el Poder Judicial de la Administración que le sirve. En este sentido, cobra aún más vigencia el CARÁCTER DE CUERPOS NACIONALES.
3.- Y como corolario y consecuencia de todo lo anterior está plenamente justificada nuestra regulación propia recogida en una Ley Orgánica (LOPJ) y la existencia de unos reglamentos de desarrollo comunes.
No obstante, lo que sucede en el Juzgado Central nº 5 no es un hecho aislado. Alguien debería reflexionar seriamente sobre las cosas que se deben hacer en la Administración de Justicia y como deberían abordarse para, de una vez por todas, acometer una reforma real con la participación activa de TODOS los que intervenimos en su funcionamiento.
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