Hace ocho meses que el nuevo equipo de la Dirección General de Justicia tomó posesión y el balance no puede ser más pobre.
Todas las buenas intenciones, con las que llegaron al poder los nuevos gestores, se han disuelto, poco a poco, cual azucarillo en el café. A fecha de hoy los grandes problemas de la Administración de Justicia en Cantabria siguen latentes sin que nadie les ponga remedio. El principal, la gestión diaria de la Dirección General de Justicia, sigue siendo un caos debido, en gran parte, a la famélica situación de personal que padece dicho departamento.
Sigue -->
Por otro lado, la Dirección General de Justicia navega a la deriva en el mar de la indecisión y del desconocimiento sin que se pueda atisbar criterio alguno razonable de gestión y de planificación. Los tímidos intentos de negociación han sido cortados de raíz por el autoritarismo preocupante de la Consejera de Justicia como en el caso de la suspensión unilateral de las comisiones de servicio y la modificación posterior de tapadillo de algunos artículos del Decreto 40/2009. Unas decisiones ilegales, innecesarias y que constituyen un grave error pues, entre otras cosas, dejaron al descubierto y en evidencia a los responsables de la Dirección General con su Director a la cabeza quien se había comprometido a sacar estas comisiones de servicio e iniciar un proceso de negociación.
En estos momentos, la voluntad de negociación de la Administración es nula lo que se demuestra por el hecho de que, ocho meses después de la llegada de la Consejera, aún no se ha constituido la Mesa Sectorial de negociación. Es en esta mesa donde se tienen que debatir las condiciones de trabajo de los funcionarios de Justicia y donde se pone de manifiesto la voluntad real de negociar. A juicio de CSI-F esta conducta de la Consejería no puede llevar a nada bueno. Cualquier cambio en el funcionamiento de la Administración de Justicia debe venir de la mano del consenso y del acuerdo con quienes, además de mayoría, somos los que hacemos funcionar toda la maquinaria día a día.
Desde el primer día, CSI-F apostó por la negociación, la colaboración y el acuerdo como las mejor opción para acometer las muchas tareas que estaban pendientes. Lamentablemente, la Administración ha decidido despreciar esta sincera propuesta de CSI-F y, se ha apuntado a la imposición ilegal de sus criterios, pocos y encima erróneos. Un desprecio que va más allá del propio sindicato que no es lo más importante, sino que afecta a quienes representamos; es decir a los funcionarios de Justicia en Cantabria.
No hay comentarios:
Publicar un comentario