Desde que se conoció el contenido de la reforma laboral, CSIF ha venido exigiendo que ningún empleado público que haya accedido a esa condición a través de un examen bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad no pueda ser objeto de ERE tal y como prevé la reforma laboral.
La enmienda del PP es claramente insuficiente ya que sigue manteniendo esta posibilidad aunque introduce una gradación en el despido de forma que entre un laboral que haya accedido por examen y uno que no haya accedido de tal manera, el primero tiene preferencia para quedarse.
Aun así, CSIF ha pedido que "in extremis", se acepte en su integridad nuestra pretensión que entendemos no sólo justa sino también en defensa de la independencia con la que debe actuar siempre un empleado público. En caso contrario, CSIF ha anunciado que hará frente "caso por caso" a los posibles despidos en el sector público.
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