Con la NOJ se está perdiendo la posibilidad de resolver un problema en el ámbito de la decisión judicial. Los Secretarios Judiciales deberían asumir funciones jurisdiccionales aliviando así la falta de Jueces profesionales haciéndose cargo de la Justicia de proximidad o de la jurisdicción voluntaria o de las bodas y divorcios de mutuo acuerdo que así no saldrían de la esfera pública donde deberían permanecer tal y como piden Notarios, Registradores o Procuradores (en materia de actos de comunicación y ejecución). De esta forma se dejaría la organización de la oficina y su funcionamiento a los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio que verían así incrementadas sus posibilidades de promoción, desarrollo profesional acompañadas de su lógico reconocimiento.
Así se planteaba en un principio pero esa transformación se ha quedado en una problemática e insatisfactoria asunción de competencias de trámite. Es un lujo que un Cuerpo Superior Jurídico de la Administración se dedique a tareas administrativas y de tramitación ordinaria de los procedimientos cuando existen otros Cuerpos con la preparación y la formación suficiente para hacerlo. De ahí que, en el año 2003, las titulaciones de acceso a estos cuerpos se actualizaran plasmándose ese cambio incluso en una nueva denominación. Esta nueva organización que emergía suponía para todos grandes cambios pero, también, grandes oportunidades.
Es un hecho que las Asociaciones de Secretarios Judiciales no han estado nunca cómodas con ese incipiente proyecto de transformación del Cuerpo pues suponía el fin de su función en la oficina judicial tal y como había venido desarrollándose desde siempre. En realidad supone confesar que la modernización no va con ellos si eso supone el fin de sus privilegios y prebendas dentro de la oficina. Así se agarraron fuertemente a una institución caduca como la fe pública judicial para reinvidicar la permanencia del Cuerpo, ahora superior jurídico, dentro de la oficina judicial. Estas presiones fraguaron en esa misma reforma de la LOPJ del 2003 en la que los Secretarios Judiciales aparecieron como la piedra angular de la oficina judicial copando todos los puestos de responsabilidad y taponando las aspiraciones profesionales del resto de personal al servicio de la Administración de Justicia. En este aspecto la NOJ ha introducido el virus de los puestos de libre designación, una puerta abierta a la discrecionalidad disfrazada de legalidad que aleja la objetividad en la provisión de puestos de trabajo y con la vista puesta en el control político de la oficina judicial y no en su mejor gestión.
Pero es que, además, los Secretarios Judiciales se reparten 5.000.000 de euros anuales en productividad por ostentar funciones que, en su mayor parte, son materialmente realizadas por el resto del personal al servicio de la Administración de Justicia en virtud de una legislación calculadamente ambigua y una interpretación de parte ejercida desde el Ministerio de Justicia y desde el CGPJ. Es decir, no sólo frustran esa carrera profesional a este personal al servicio de la Administración de Justicia sino que, además, se llevan el reconocimiento laboral y retributivo.
Hoy la NOJ es un fracaso, hasta el propio Gobierno no oculta los decepcionantes resultados. Un fracaso que CSIF anunció hace dos años y que ha sido provocado por la soberbia y el autoritarismo en su implantación. No obstante ese fracaso, a través de la NOJ, los Secretarios Judiciales han visto reforzada su posición en la oficina lo que muestra muy a las claras que ese no es el camino a seguir.
La NOJ ha servido para que la función de dar fe, bastión de los Secretarios Judiciales para mantenerse en su estado dentro de la nueva organización, se aproxime más a la teología que a la práctica procesal puesto que se permite a los Secretarios Judiciales la posibilidad de que den fe de algo que no han visto ni oido. ¿Cómo?, otorgando a la firma digital avanzada de una característica mágica que no tiene ni podrá tener nunca.
La NOJ ha servido para burocratizar y complicar el trabajo diario en los órganos judiciales mediante la creación de servicios de dudosa operatividad. En CSIF defendimos, y seguimos haciéndolo una implantación gradual y flexible de la oficina judicial, defendimos mayor participación de los cuerpos nacionales al servicio de la Administración de Justicia en su diseño, implantación y funcionamiento. En CSIF defendimos, y seguimos haciéndolo,una mayor claridad en el funcionamiento y una correspondencia entre las funciones efectivamente realizadas, las responsabilidades asumidas y el reconocimiento por dichas funciones. Lamentablemente, no fuimos escuchados y, por eso, no firmamos acuerdo alguno de implantación de la oficina en las ciudades piloto.
La NOJ ha servido para crear múltiples problemas de competencias entre los Secretarios Judiciales y los Jueces ya que la reforma se ha quedado a medias. Es muy difícil dar competencias en materia procesal que estaban en manos de los Jueces sin que el status y las características del Secretario Judicial cambien como se tenía previsto y como debería ser en pleno siglo XXI.
Y es que la NOJ que nos quieren imponer no es la NOJ que necesita la Administración de Justicia por mucho que se empeñen las asociaciones de Secretarios que ahora están empeñadas en que se abandone la denominación de Secretario Judicial por la de Letrado judicial o Letrado director, ya que, según dicen, la palabra Secretario tiene una carga peyorativa pues los ciudadanos identifica el término con la persona que lleva los cafés. Primero, llevar un café no tiene porque ser peyorativo, por ejemplo, si el Juzgado fuera de verdad un equipo de trabajo y no su feudo personal. Segundo, ¿se habrán leído el diccionario para saber que en este caso estamos ante un sinónimo nada peyorativo de cargo público o profesión o es simplemente una cuestión de complejo de inferioridad?. ¿Qué pensará la señora Clinton que es Secretaria de Estado de los EEUU y máxima responsable, junto con Obama, de la política exterior de su país o que pensará el Sr. Román que es el Secretario de Estado de Justicia?.
En realidad, ese cambio de denominación no es sino la prueba de que la reforma de la Administración de Justicia no se conseguirá mientras haya quien se resista al cambio y prefiera mantener las apariencias o crar artificios para que nada cambie. Así, el cambio de denominación, la nueva versión de la fe pública judicial, la artificial distinción entre función y ejecución material y otras cuestiones que sustentan la figura del Secretario Judicial a día de hoy no resuelven sino que complican el futuro de la oficina judicial porque no van encaminadas a mejorar el servicio sino al mantenimiento de un Cuerpo de la Administración que en pleno siglo XXI quizá ya no tenga sentido tal y como lo hemos conocido.
En conclusión, está claro que, cada vez más, la figura del Secretario Judicial se refuerza de forma artificial en beneficio de sus titulares que cada día, a pesar de que tienen más funciones, en realidad hacen menos porque se han establecido mecanismos de delegación encubierta de funciones, se les otorga un régimen horario caribeño y se reparten millones de euros en una productividad que debería repartirse entre todos los que componen la oficina judicial correspondiente. Una casta privilegiada para controlar la oficina judicial. Del servicio público nadie se acuerda. No interesa.
En CSIF no nos resignamos, creemos en el servicio público, en su modernización y mejora y, por eso, nos oponemos a este modelo corporativista y, frente a él, decimos que otra NOJ es posible.. y necesaria.
No hay comentarios:
Publicar un comentario