Todo ello por los siguientes motivos: (Sigue leyendo en "Más información")
- Falta
de capacidad en la gestión de la competencia que se manifiesta en los
siguientes apartados:
- Incapacidad
para gestionar los medios materiales asumidos que se refleja en el
problema grave de espacio que sufren varios órganos judiciales y las
pésimas condiciones de otros. Incluso la nueva sede de Torrelavega no es
ajena a estos problemas.
- Desconocimiento
absoluto demostrado sobre el contenido de los traspasos y el régimen jurídico
del personal traspasado en especial del carácter de cuerpos nacionales
que la Constitución y la LOPJ establece para los funcionarios de Justicia
como servidores de un poder del Estado. Este hecho está ocasionando
graves problemas que acaban con sentencias desfavorables a la comunidad
autónoma y en un claro perjuicio para el servicio que se presta a los
ciudadanos.
- Falta
de alternativas a la política de recortes que están empobreciendo las
condiciones de trabajo de los funcionarios de Justicia destinados en
Cantabria y, sobre todo, del servicio público esencial que prestan.
- Falta
absoluta de voluntad para comprender la realidad de la Administración de
Justicia y el desprecio sistemático al diálogo y a la participación de
quienes mejor conocemos su funcionamiento.
En este sentido es alarmante la ausencia total de autonomía de la
Dirección General de Justicia para gestionar una administración que sirve
a un poder del Estado.
- Ahorro
que para la comunidad autónoma supone la devolución de los traspasos y que
se puede cifrar en cerca de 12 millones de euros anuales por todos los
conceptos.
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