Todo ello por los siguientes motivos: (Sigue leyendo en "Más información")
- Falta
     de capacidad en la gestión de la competencia que se manifiesta en los
     siguientes apartados:
- Incapacidad
      para gestionar los medios materiales asumidos que se refleja en el
      problema grave de espacio que sufren varios órganos judiciales y las
      pésimas condiciones de otros. Incluso la nueva sede de Torrelavega no es
      ajena a estos problemas.
- Desconocimiento
      absoluto demostrado sobre el contenido de los traspasos y el régimen jurídico
      del personal traspasado en especial del carácter de cuerpos nacionales
      que la Constitución y la LOPJ establece para los funcionarios de Justicia
      como servidores de un poder del Estado. Este hecho está ocasionando
      graves problemas que acaban con sentencias desfavorables a la comunidad
      autónoma y en un claro perjuicio para el servicio que se presta a los
      ciudadanos.
- Falta
     de alternativas a la política de recortes que están empobreciendo las
     condiciones de trabajo de los funcionarios de Justicia destinados en
     Cantabria y, sobre todo, del servicio público esencial que prestan.
- Falta
     absoluta de voluntad para comprender la realidad de la Administración de
     Justicia y el desprecio sistemático al diálogo y a la participación de
     quienes mejor conocemos su funcionamiento. 
     En este sentido es alarmante la ausencia total de autonomía de la
     Dirección General de Justicia para gestionar una administración que sirve
     a un poder del Estado. 
- Ahorro
     que para la comunidad autónoma supone la devolución de los traspasos y que
     se puede cifrar en cerca de 12 millones de euros anuales por todos los
     conceptos. 
 
 
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