La Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha estimado
parcialmente los recursos los recursos interpuestos de forma conjunta por CSI·F, y el resto de sindicatos
integrantes de la Mesa Sindical en Defensa del Empleo Público de Aragón contra
la suspensión de la paga extraordinaria del personal laboral de esta Comunidad
Autónoma.
Por otro lado, CSI·F ha conseguido que el Juzgado de lo contencioso administrativo nº 1 de Teruel atienda el recurso contencioso-administrativo presentado a instancias de un afiliado a CSIF , funcionario de la comunidad autónoma de Aragón. La sentencia, clara y contundente en sus razonamientos jurídicos y que es firme al no caber recurso, reconoce igualmente el derecho de este funcionario a recibir la parte proporcional de la paga extra devengadas desde el 1 de junio y hasta el 14 de julio de 2012.
Estas
sentencias se vienen a unir a las ya conocidas del Juzgado de lo contencioso
nº3 de Palencia, ganada por una funcionaria de la Diputación de Palencia, afiliada
a CSIF, y la Tribunal Superior de Justicia de Madrid para el personal laboral de esa
comunidad autónoma
Considera CSI·F que, a la luz de estos fallos, parece evidente que las diferentes
administraciones públicas nunca debieron suprimir la paga extra de manera
retroactiva y con afán puramente confiscatorio. Ahora no deben perder más
tiempo y deberían sentarse a negociar
con los sindicatos para determinar los cauces para su devolución porque,
cada día que pasa, crece el agravio hacia un colectivo tan maltratado desde el
comienzo de la crisis. Una negociación que en la Administración local ha llevado a la devolución de la paga extra en
algún ayuntamiento extremeño a instancias de CSIF.
En Cantabria, además de estar viva la vía judicial, hace más de un mes
que, a la vista del goteo continuo de sentencias favorables, CSIF ha requerido por escrito a todas
las Administraciones de la Comunidad autónoma que se sienten a negociar en sus
respectivos ámbitos, la forma de devolución de la parte proporcional de la paga
extra. Asimismo, hemos dado traslado a función pública y a la DGJ del texto de
estas decisiones judiciales.
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