Como os informamos ayer CSIF se ha dirigido a todas las partes implicadas en el acuerdo para solicitar información sobre los, siempre importantes flecos, que este acuerdo conlleva y que, generalmente, afectan a los funcionarios de Justicia.
Sabemos el número de funcionarios que inicialmente formarán este Juzgado. Serán cuatro (1 gestor, 2 tramitadores y 1 auxilio judicial). No obstante, para CSIF esta plantilla es insuficiente por cuanto los datos que se han hecho públicos indican una carga de trabajo suficiente como para que la plantilla se incremente de inicio en al menos 1 gestor y 2 tramitadores más, equiparándose al resto de Juzgados de Primera Instancia. (Para leer más pulsa en más información)
Sabemos también que el Juzgado ocupará el aula pequeña de informática situada en la planta cero de Las Salesas y sabemos también que, de momento, sólo se va a nombrar a un tramitador para que vaya realizando funciones de registro e incoación de los procedimientos que vayan llegando y teniendo en cuenta que el mes de agosto es inhábil. En el mes de septiembre será cuando se nombre el resto del personal entrando así el Juzgado en la fase de pleno funcionamiento.
Sabemos también que cuando se lleguen a los 400 procedimientos registrados se analizará la situación y las medidas a aplicar para afrontar el crecimiento de la carga de trabajo.
Por otro lado, queda por conocer el tiempo de funcionamiento previsto de este Juzgado, muy especialmente, si se hará cargo también de la ejecución de estos procedimientos, algo que para CSIF debería asumir.
Asimismo, queda por saber la forma de provisión de estos puestos de trabajo. En principio, CSIF va a proponer que debería ser provisto por funcionarios titulares en régimen de comisión de servicios y por este motivo CSIF ha solicitado la convocatoria urgente de una reunión con la Dirección General de Justicia para que tratar de esta cuestión.
En esa reunión, CSIF también ha exigido que se trate sobre la dotación de medios materiales y, sobre todo, de dónde sale el dinero para financiar todo ésto ya que, en principio, la excusa para tanto recorte (el último el indignante, inaceptable e ilegal régimen de bajas que nos quieren imponer) y privatización es que no hay un euro.
En general y a falta de concretar la letra pequeña, CSIF valora positivamente la medida.
No obstante, CSIF ha hecho llegar a las autoridades judiciales y administrativas de Cantabria nuestro malestar por la marginación de los funcionarios de Justicia en la gestación de la medida cuando es un hecho que, de su aplicación, se derivan cuestiones que afectan a las condiciones de trabajo de los funcionarios de Justicia.
Los funcionarios de Justicia no somos muebles sino profesionales especializados en la tramitación de procedimientos judiciales que podemos y deberíamos aportar sugerencias para la mejora continua del servicio público que prestamos desde nuestra experiencia diaria en los Juzgados sacando adelante el trabajo en unas condiciones cada vez más precarias.
Porque si algo tiene claro CSIF es que los buenos resultados en materia de resolución judicial de los que se presume en las memorias del TSJ se deben en mucha medida al esfuerzo y trabajo de los funcionarios de Justicia destinados en Cantabria. Y eso merece, cuando menos, un reconocimiento y un respeto que en este caso, como desgraciadamente en otros, se ha pasado por alto.
SEGUIREMOS INFORMANDO...
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