La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclamó hoy al Gobierno, la convocatoria urgente de la Mesa General de negociación para conocer de primera mano el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año en materia de personal. El Ministerio debe trasladar el proyecto de presupuestos a los representantes legítimos de los trabajadores. A CSI-F no le parece adecuado, ni en el fondo ni en las formas que este tipo de información se traslade a través de los medios de comunicación, como lamentablemente nos tienen acostumbrado desde este departamento.
En todo caso, a la espera de conocer las cuentas del Estado, CSI-F reclama una subida razonable de las retribuciones para compensar la pérdida de poder adquisitivo (alrededor del 30 por ciento) arrastrada a lo largo de los últimos cinco años. Con la congelación de retribuciones no se va a salir de la crisis. Se ha demostrado que la pérdida de poder adquisitivo ha reducido el consumo y por extensión ha lastrado el crecimiento. (Sigue leyendo pulsando en "mas información")
En segundo lugar, CSI-F reivindica la devolución de la paga extra eliminada en 2012 y como primer paso, el reintegro de los días devengados, en línea con los pronunciamientos judiciales que se están sucediendo en toda España. En este sentido, CSI-F solicita que se habilite una partida extraordinaria en los presupuestos. Los efectos de esta compensación, sin duda, serán un incentivo para la economía.
En tercer lugar, CSI-F pide la devolución total de los días de libre disposición. De concretarse esta devolución –tal y como apuntan la información de hoy en prensa-, sería fruto de las presiones de CSI-F y el resto de los sindicatos, y se habrá demostrado que el decreto de medidas de recorte de 2012 no solo fue injusto, sino que no ha servido para nada, salvo para asestar un golpe moral al conjunto de los empleados públicos.
Y por último, CSI-F reclama que se realice un plan de recursos humanos, donde se evalúen las necesidades de la administración y en consecuencia la convocatoria de una oferta de empleo público, ajustada a las mismas. En los últimos años se han destruido más de 300.000 puestos de trabajo. De no realizarse esta convocatoria de empleo, el sector público está abocado al colapso o a la privatización.
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