Así lo ha manifestado respondiendo a una pregunta parlamentaria presentada por el grupo de UPyD. Añade el gobierno andaluz que la sentencia se circunscribe únicamente a un actor que fue el que ganó la sentencia en el Juzgado contencioso 10 de Sevilla, aunque no descarta que otros funcionarios con destino en el mismo ámbito de Sevilla y que se encuentren en idéntica situación jurídica pudieran solicitar la extensión de la sentencia.
Sin embargo, el sindicato CSIF, que defendió al empleado público demandante, aseguró que la sentencia concierne en este caso a los 55.000 funcionarios de la Administración de Justicia en el conjunto del Estado y que refleja una "anomalía" en la aplicación de las normas por parte de la Administración.
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