"El mayor error lo comete quien no hace nada porque cree que sólo podría hacer un poco". Edmund Burke.

lunes, 9 de noviembre de 2015

Tres semanas después de su entrada en vigor, se publica en el BOE el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia

CSIF denuncia la chapuza de una Dirección General de Registros y del Notariado que ha dejado en el limbo jurídico cientos de solicitudes de nacionalidad presentadas desde el 15 de octubre, fecha en la que entró en vigor de manera virtual el nuevo procedimiento, pues no había reglamento.

Un procedimiento de nacionalidad distinto si es posible

Para CSIF es una pena que se desaproveche el capital humano del Registro civil en materia de nacionalidad. Durante todo este tiempo, los funcionarios de los Registros civiles han estado clamando por más y mejores medios y  por unas pruebas objetivas de lengua y cultura españolas.

Durante todo este tiempo, la Dirección General de Registros y del Notariado se ha convertido en el verdadero tapón de los expedientes de nacionalidad por dos vías: infradotando los Registros civiles y siendo incapaz de absorber la parte de expediente que le correspondía tramitar lo que convertía el trámite en una espera de varios años.

CSIF propone un modelo de nacionalidad descentralizado y por lo tanto, accesible a todos los extranjeros durante toda su tramitación, aprovechando la infraestructura de los Registros civiles actuales, con un procedimiento basado en pruebas objetivas y uniformes de lengua española y de cultura general que se puedan realizar en varios centros repartidos por toda la geografía nacional y no sólo en Madrid.

Los funcionarios del Registro civil pueden y deben asumir la tramitación completa del expediente de nacionalidad en beneficio de los ciudadanos reduciendo costes y con la vocación de servicio público que preside su actuación.

La propuesta de CSIF se inserta dentro de un modelo de Registro civil moderno en su organización, electrónico, único en su gestión descentralizado en su funcionamiento y gestionado por funcionarios de Justicia.

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