Hace días que CSIF presentó un escrito a la Dirección General de Justicia donde se exige la negociación de las condiciones de trabajo de los IML tras la reforma legal producida en la reclamación de daños corporales en los accidentes de tráfico. Para CSIF es imperativo que el 100% de lo recaudado retorne a los IML en forma de más y mejores medios personales y materiales y de un incremento retributivo para todo el personal del Instituto.
Como os hemos informado en repetidas ocasiones, el pasado año se modificó el sistema de reclamación de estos daños por la ley 35/2015. Una ley que contó con el acuerdo de las asociaciones de víctimas, patronal del seguro y el Gobierno y que fue aprobada por unanimidad en el Congreso y Senado. El sistema obliga a las compañías a realizar una oferta motivada (valoración económica de la indemnización) y permite a la víctima acudir a un IML para ser examinado por un Médico Forense. El importe del precio público que se fija para sufragar este servicio es pagado por la compañía aseguradora con independencia de si está o no de acuerdo con la pericia y se ingresa en el Teroso Público.
El pasado 10 de febrero el Ministerio aprobó los precios públicos correspondientes a su ámbito territorial y, ahora le toca el turno al Gobierno de Cantabria que puede tomar como referencia los fijados por el Ministerio o establecer unos propios.
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