Poco a poco comienza el goteo de sentencias y resoluciones administrativas que reconocen la irretroactividad del recorte de la paga extra de diciembre de 2012. La estrategia desplegada por
CSIF va recogiendo sus frutos como hemos podido ir comprobando en recientes sentencias (Palencia, Madrid, Murcia) que afectan tanto a personal laboral como funcionario.
Por su parte, ya hay algunos ayuntamientos que o bien han reconocido la irretroactividad de la paga extra (Villafranca de Barros en Badajoz) a requerimiento de
CSIF o bien se están planteando la devolución de la parte de paga extra afectada por esa irretroactividad
(Ayuntamiento de Camargo en Cantabria).
El Tribunal Constitucional, hace unos días, admitió a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el RDL 20/2012 donde, entre otros recortes, se recogen los referidos a la paga extra o a los días de asuntos particulares y adicionales por antigüedad. Una sentencia favorable permitiría la restitución de todos los derechos injustamente cercenados el año pasado.
Para CSI-F, estos pronunciamientos judiciales y reconocimientos
administrativos constatan las justas reivindicaciones de los empleados públicos
contra una medida de carácter confiscatorio y por tanto injusta y de dudosa
aplicación, tal y como señaló también la Defensora del Pueblo.
El
Gobierno, y el resto de administraciones nunca debieron suprimir la paga extra y no deben perder más
tiempo en sentarse a negociar con los sindicatos para determinar los cauces
para su devolución, porque cada día que pasa crece el agravio hacia un
colectivo injustamente maltratado desde el comienzo de la crisis.
Para CSI-F, si las Administraciones no se sientan a negociar provocará que los múltiples contenciosos iniciados o por iniciar en Cantabria y en toda
España colapsen el funcionamiento de
la justicia y supongan un coste añadido en costas procesales a la propia
Administración.
Por este motivo,
CSIF ha dirigido un escrito a todas las administraciones de Cantabria exigiendo la aplicación del contenido de estas resoluciones judiciales de oficio y, especialmente, en la Administración de Justicia.
