LO QUE NO SE CUENTA DE
ESTA DECISIÓN
1º La UE ha puesto en
el punto de mira a los Registradores que pueden verse afectados por la
transposición de la directiva de servicios sobre la que la comisión ya ha
advertido a España que no puede demorar. Es la misma directiva que amenaza a los
Procuradores y todos sabemos el regalo que se les hace en el anteproyecto de
LOPJ con los actos de comunicación y ejecución y el carácter de agentes de la
autoridad.
El problema no es buscar una solución a estos profesionales
sino que esta solución supone el menoscabo de funciones públicas atribuidas a
otros profesionales a los que se deja a los pies de los caballos y que, además,
va en contra de los derechos de los ciudadanos.
2º Se dice que los
Registradores mercantiles van a asumir el coste del servicio con cargo a su
cuenta de resultados. ¿En qué cabeza cabe que los Registradores asuman el
coste millonario de un servicio que les puede llevar a la ruina sin que tengan
la garantía del Estado de que eso no va a ocurrir? Y llegará esa ayuda en forma
de aranceles, subvenciones, convenios etc.
3º Con los medios
actuales el Registro civil electrónico podría ser una realidad. Se podría
ahorrar ya millones de euros y miles de horas de trabajo que se podrían usar
para reforzar otros servicios del Registro civil. Sin olvidar que ese cambio
legal supondría ventajas al ciudadano incluida la reducción de visitas al
Registro civil que tanto pregona Gallardón para justificar su medida. Sólo
falta la voluntad política del Gobierno y del Ministerio para hacer los cambios
legales e impulsar un pacto por el Registro civil para culminar su
modernización en un plazo razonable de tiempo.
El problema es que no
se hacen estos cambios porque de hacerlos la privatización carecería de
justificación, los ciudadanos se darían cuenta de que los problemas del
Registro civil tienen su origen en la desidia y la falta de compromiso de los
políticos con el Ministro a la cabeza y, lo que al final importa, no se podría “echar
una mano” a los Registradores, en este caso mercantiles que cuentan con su
propio lobby dentro del Ministerio de Justicia.
CSIF EXIGE LA RETIRADA INMEDIATA DE ESTA DECISIÓN Y LA CONVOCATORIA DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN PARA DEFINIR LAS BASES DE UN REGISTRO CIVIL PÚBLICO GESTIONADO POR FUNCIONARIOS DE JUSTICIA
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