En primer lugar, se puso de manifiesto la incomprensible situación de la reclamación de los dos días de asuntos que por derecho nos corresponden a todos los funcionarios de Cantabria a cuenta de 2010 (y uno a cuenta de 2011 porque el 1 de enero, festivo, fue sábado). El Consejero se remitió a un eventual informe de los servicios jurídicos sin precisar si se daría a conocer pronto o tarde. Para CSI-F resulta más incomprensible aún que un asunto tan claro se deje de lado obligando a los funcionarios a acudir a los tribunales. Luego se habla de buena fe, consenso y diálogo pero claro una cosa es predicar y otra dar trigo.
En segundo lugar, CSI-F se plantó con el tema de "Vereda". La situación del programa informático que estaba llamado a ser la revolución de la Administración de Justicia es insostenible porque después de los millones de euros gastados el hecho cierto es que el programa tal y como está, no sirve y que, encima somos todos los funcionarios de Cantabria los que lo estamos desarrollando para que luego lo disfruten en Navarra. El Consejero tiró de reconocimientos del Consejo General oponiendo que es de los pocos programas que ha pasado el test de compatibilidad. Pues bien, o hay que revisar el test de compatibilidad o los señores del Consejo deberían sentarse en un puesto de funcionario en Cantabria o quizá ambas cosas porque el hecho cierto es que el programa es lento hasta la exasperación y no sirve para lo que se le necesita. Asimismo, trasladamos al Consejero el malestar existente entre los funcionarios con el programa acrecentado por unas declaraciones triunfalistas del Consejero que nada tienen que ver con la realidad que sufren día a día.
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En tercer lugar, denunciamos ante el Consejero la suspensión indefinida de las reuniones de la Comisión paritaria de interinos lo que unido a la publicación mensual de las bolsas supone que la falta de transparencia se adueña de la gestión de la Dirección General de Justicia. Lo peor de todo es la razón que al parecer subyace en esta decisión y es que estas reuniones, para la Dirección General, son una pérdida de tiempo.
En cuarto lugar, expusimos nuestra preocupación por la pésima gestión diaria en el seno de la Dirección General de Justicia y denunciamos los contínuos cambios de criterio y arbitrariedades en materia de comisiones de servicio, sustituciones etc... y algunos problemas de salud laboral en algunos órganos judiciales de Cantabria. En este punto el Consejero dijo que estudiarían estos problemas que se habían expuesto.
Y en quinto lugar, CSI-F manifestó su oposición frontal a cualquier modificación de la LOPJ que suponga cambios en nuestro estatuto jurídico tal y como pretenden las CCAA con traspasos y así acordaron en su reunión de Santander del pasado mes de enero. El problema de las CCAA con la Justicia es su incapacidad para gestionar correctamente el amplio margen de autonomía del que gozan y, desde CSI-F creemos que los problemas vienen por la intención de las CCAA de obtener las competencias plenas por una cuestión puramente política y sin relación alguna con la mejor prestación del servicio público. Así, ni la naturaleza de Cuerpos nacionales con todo lo que ello significa ni la reserva de función son materias que puedan ser objeto de modificación alguna.
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