GALLARDÓN
MIENTE A LOS CIUDADANOS SOBRE EL FONDO DE LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL Y
LA IMPONE SIN EL PRECEPTIVO CONSENSO SOCIAL Y POLÍTICO QUE EXIGE
CSIF, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, denuncia que la
privatización no responde a razones de interés general pues, entre otras cosas,
supondrá el alejamiento del ciudadano de este servicio público. Sólo así se
puede explicar que la decisión se tome sin haber valorado otras alternativas y
sin haber intentado un mínimo consenso social y político sobre un servicio
público que el propio Ministro ha calificado de esencial en alguna ocasión.
La privatización del Registro Civil,
va a suponer un alejamiento de este servicio del ciudadano sobre todo, donde
más se necesita, en las pequeñas localidades. El proyecto de Gallardón supone
la eliminación de
la infraestructura de las Agrupaciones de Juzgados de Paz, cuya labor alaba el
conjunto de la ciudadanía. El trabajo que ahora se realiza desde más de 7.000
Registros civiles (la mayoría servidos por funcionarios de Justicia), de
prosperar esta “idea” de Gallardón se realizará por algo más de 100 Registros
mercantiles situados en grandes ciudades.
Además, el Ministerio miente cuando dice que su
propuesta garantiza el 100% de los puestos de trabajo y asegura un Registro
civil gestionado por especialistas.
Aunque lo más sorprendente es que el
Ministerio se empecine en imponer la llevanza de este servicio a quien no lo
quiere y no tiene ni idea de cómo gestionarlo si no es cobrando por ello y que
se lo quite a quien sí lo quiere y sabe cómo gestionarlo.
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