Al más puro estilo autoritario, con total desprecio de la legalidad vigente y del derecho a la negociación colectiva, con nocturnidad y alevosía, de tapadillo, en la Ley de acompañamiento; el Gobierno de Cantabria suprime el artículo 15 del Decreto 40/2009 sobre las comisiones de servicio, se carga el artículo 14 (sustituciones) modificando su contenido, prorroga la vigencia de las peores bolsas de interinos de toda la historia, las peor gestionadas y cuya prolongación supone establecer una discriminación inaceptable en favor de unos pocos. Además se establece un confuso y oscuro sistema de nombramiento de interinos alejándose de la transparencia que debería regir la actuación de un Gobierno democrático.
El artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público determina, entre otras, como materia sujeta a negociación colectiva los sistemas de provisión de puestos de trabajo y los cambios en las condiciones de trabajo de los empleados públicos. Y esa negociación se incardina en el Derecho a la negociación colectiva consagrado en la Constitución española y reconocido para la función pública en el citado Estatuto Básico.
Pero es que además, la reforma se hace escondida tras el parapeto de una disposición adicional (la octava) de una ley "sui generis" como es una ley de acompañamiento. Es decir, sin dar la cara ni siquiera para guardar las formas y/o para evitar tener que escuchar determinadas cosas. En este sentido, la Consejera de Justicia ha despreciado a los funcionarios de Justicia negándose a convocar las reuniones que CSI-F , como sindicato mayoritario de la Administración de Justicia en Cantabria le ha pedido para, entre otras cosas, negociar cambios en el Decreto 40/2009 y para que se nos explicaran los pormenores de los presupuestos de Justicia tal y como otros colegas suyos habían hecho con las Juntas de Personal de sus ámbitos competenciales.
Tristemente, esta conducta de la Consejera de Justicia no es una novedad. Ya dio muestras de su talante autoritario cuando decidió, unilateralmente, desconvocar las ofertas de comisiones de servicio y de sustituciones que eran un mandato legal y que habían sido acordadas con sus colaboradores en la Dirección General de Justicia. Es más, CSI-F tiene constancia escrita del reconocimiento por la Dirección General de Justicia de la inminente convocatoria de esas ofertas . Aún así, a la Consejera le dio lo mismo.
Por último, como toda decisión autoritaria esta decisión es de una torpeza palmaria. Primero, porque la imposición no es la mejor manera de gestionar personal e incide muy negativamente en la motivación del mismo. Segundo, porque la supresión de comisiones de servicio y de sustituciones supone mayor gasto para la Administración como ya hemos tenido oportunidad de demostrarle al Director General de Justicia y al Subdirector.
Desde CSI-F lamentamos el camino tomado por la Consejera de Justicia y por el propio Gobierno de Cantabria pero tomamos nota y nos van a tener enfrente. Porque las mayorías absolutas no pueden servir de coartada para pisar los derechos de los ciudadanos. Los funcionarios lo somos aunque ahora se nos haya cogido como víctimas propiciatorias de una crisis que tienen otros responsables. Decisiones como estas suponen un ataque inadmisible contra la dignidad de los funcionarios públicos a quienes se trata como un simple objeto, siempre como sospechosos de todos los males del mundo y, en consecuencia, los gestores de turno nos convierten en blanco fácil de decisiones tan arbitrarias e injustas como la que se ha perpetrado en la ley de acompañamiento a los presupuestos de Cantabria.
Enlaces relacionados:
Disposición adicional octava de la ley de acompañamiento a los presupuestos de Cantabria
