La Sala de
lo Contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha planteado una
cuestión de inconstitucionalidad de la Ley 10/2012, que modificó el marco legal
de las tasas sobre la actividad jurisdiccional, al entender que puede
condicionar el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia.
CSIF valora muy positivamente la consulta al Constitucional que confirma en todos sus extremos los escritos presentados por el sindicato al Ministerio de Justicia en contra de la citada ley.
Recordemos que CSIF lideró junto con otras organizaciones sociales, profesionales y sindicales la recogida de firmas en contra del proyecto de Gallardón allá por el mes de diciembre del año pasado y que provocó un cambio parcial de su contenido que maquilló sin resolver el verdadero problema del acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
Recordemos que CSIF lideró junto con otras organizaciones sociales, profesionales y sindicales la recogida de firmas en contra del proyecto de Gallardón allá por el mes de diciembre del año pasado y que provocó un cambio parcial de su contenido que maquilló sin resolver el verdadero problema del acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
En un auto,
los magistrados de la Sección Séptima de la Sala de lo
Contencioso-administrativo acuerdan plantear la cuestión de
inconstitucionalidad ante el recurso presentado por la mercantil Préstamos y
Javaloyes S.L.U. La Sala entiende que la ley de tasas puede quebrantar los
artículos 24.1; 14; 9.2 y 31.1 de la Constitución Española. (lee
la noticia en Diario de Noticias, la ley)
Además, CSIF recuerda que el actual
régimen de tasas discrimina gravemente a los funcionarios frente al resto de
trabajadores a la hora de defender sus derechos laborales ya que mientras
aquéllos deben acudir al orden contencioso administrativo y abonar tasas en la
segunda instancia y en la casación; éstos, acuden al orden social para defender
sus derechos laborales y se ven exentos de conformidad con un reciente acuerdo
de la Sala 4ª del Tribunal Supremo.
Una vez más,
CSIF exige la derogación de la injusta
ley de tasas impuesta por Gallardón en su proceso de “reforma” de la Justicia y
la apertura de un proceso de negociación real con participación de los funcionarios
de Justicia entre otros sobre la necesaria y urgente modernización de la
Administración de Justicia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario