La Central Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las
Administraciones Públicas considera que la Oferta Pública de Empleo que aprobará
hoy el Consejo de Ministros es absolutamente insuficiente y
deja la Administración General del Estado en una situación “bajo mínimos” que
sin duda, agravará el efecto de los recortes.
CSI-F advierte de que el Gobierno ha determinado de manera unilateral y
arbitraria los ámbitos en los que se permite establecer una tasa de reposición,
generando grandes lagunas en cuerpos de la
Seguridad Social,
como los subinspectores de trabajo (fundamentales para combatir las
irregularidades y abusos empresariales), funcionarios de Instituciones
Penitenciarias o en el Servicio Público de Empleo Estatal.
Respecto a la Administración de Justicia, si bien lo que conocemos se trata de una nota de referencia de lo acordado en el Consejo de Ministros, todo parece indicar que el Gobierno vuelve a dejarla fuera de la excepción de la tasa de reposición cero y eso que, este año, en la ley de prespuestos la consideraba un servicio esencial. Una vez más, este Gobierno demuestra su desprecio por una justicia ágil y eficaz poniendo a muchos juzgados y tribunales en situación precaria en materia de personal. En este sentido,
CSI-F ya ha transmitido al Ministerio de Justicia su protesta por esta inaceptable decisión.
Además, la congelación de la tasa de
reposición acumulada durante los últimos años multiplica de manera
exponencial la carga de trabajo a la que se ven sometidos los empleados públicos
y por extensión, supone una merma de la calidad de los servicios públicos que
reciben los ciudadanos.
CSI-F cree que la Oferta Pública de Empleo es el peor colofón de un
año nefasto para las condiciones laborales de los de empleados públicos
y sus familias que por otra parte, arrastran una pérdida de poder adquisitivo
del 30 por ciento a lo largo de los últimos años.
Por tanto,
CSI-F señala la necesidad de pasar página de una
vez por todas a la etapa de los recortes y empezar a trabajar sobre un Pacto de
Estado en las Administraciones públicas que incluya un análisis objetivo y
cuantificable de las necesidades del sector público y sus plantillas, valorar su
productividad y en definitiva, lograr la Administración moderna, eficaz y
competitiva que demanda una gran mayoría de los españoles.
