Una vez abierto el debate, tras las elecciones municipales y autonómicas del pasado mes de mayo, sobre la devolución de competencias al Estado; ahora son los jueces quienes tercian en el asunto en boca de los representantes de algunas de sus asociaciones.
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Comentario: La APM y el Foro Judicial Independiente se manifiestan abiertamente a favor de que sea el CGPJ quien asuma las competencias de Justicia con dos argumentos racionalización en la gestión y la independencia del poder judicial que debe ser total respecto del ejecutivo. En este sentido el FJI aboga por la desaparición del Ministerio, una propuesta que puede sorprender pero que no es, ni mucho menos nueva, y ya formó parte del debate público cuando se creó el CGPJ. La asociación de Jueces para la democracia habla de racionalizar la gestión en el marco autonómico reforzando mecanismos de de cooperación y coordinación que, según dicen, no existen.
La verdad es que sí existen esos mecanismos pero no hay ningún interés en ponerlos en marcha y es que el principal problema de las competencias de Justicia es que su redistribución se ha realizado en términos de poder y control nunca de gestión. Para coordinarse y cooperar lo primero que hay que hacer es querer coordinarse y querer cooperar y eso ha faltado y falta en las relaciones Ministerio-CGPJ-CCAA más preocupadas por controlar la Administración de Justicia que por mejorar su gestión. En este sentido, en CSIF defendemos la administración de Justicia desde su carácter de servicio público esencial para la sociedad y, a veces, da la impresión de que en algunos debates prevalecen otras cuestiones dejando de lado esta esencial característica de la Administración de Justicia.
En la misma línea, desde
CSI-F siempre hemos defendido la naturaleza de Cuerpos nacionales y la reserva de función debido a una cuestión fundamental: el Poder Judicial es único y debe ser independiente para poder cumplir su función. En consecuencia, la administración que le sirve (se le llame como se le llame) debe ser, cuando menos homogénea sino idéntica en algunos aspectos. No obstante, el estado autonómico puede aportar beneficios en la gestión diaria de la Justicia y respetando el principio anterior pueden darse supuestos de descentralización siempre y cuando tanto el Ministerio, el Consejo y las CCAA tengan claro cual es el papel de cada uno y lo asuman.
Yendo un paso más adelante, la gran reforma pendiente en la Justicia es la de las relaciones laborales bajo dos premisas fundamentales responsabilidad y reconocimiento.
Y una cosa más que nos se olviden que los protagonistas de la oficina son los funcionarios y que como venimos manteniendo tienen que tener voz y voto en estas y otras cuestiones pues, de lo contrario, toda reforma estará abocada al fracaso.
